Asistencia Técnica en el marco del proyecto Ecosistema Financiero Inclusivo

Background

Contexto organizacional

La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes.

ONU-Mujeres aborda integralmente las causas profundas de la desigualdad desde una perspectiva de transformación de los sistemas de reproducción de las desigualdades de género y discriminaciones y con un enfoque de construcción de paz en torno a:

Voz, liderazgo y autonomías de las mujeres
Fortalecimiento de marcos normativos multilaterales y regional, y leyes, políticas e instituciones que promuevan la igualdad de género a nivel nacional y subnacional;
Participación efectiva y protección de las mujeres en todos los ámbitos de la construcción de la Paz, la Seguridad, y la acción humanitaria
Acceso equitativo de las mujeres a los servicios, bienes y recursos;
Financiamiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;
Normas sociales positivas, incluida la participación de hombres y niños;
Producción, análisis y utilización de estadísticas de género; y
Coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El Plan Estratégico 2022-2025 busca lograr la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y la realización plena de sus derechos humanos. El Plan Estratégico se basa en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad y las subsiguientes Resoluciones de esta agenda, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y otros resultados de procesos intergubernamentales pertinentes, como resoluciones de la Asamblea General y conclusiones convenidas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. ONU Mujeres contribuye a la implementación de la Agenda Regional de Género de América Latina y el Caribe y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible colocando al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de igualdad de género al centro de los ODS y en coordinación con todos los demás Objetivos a fin de asegurar un avance integral.

Antecedentes

La desaceleración de la economía debido a la crisis de Covid-19 ha producido cambios drásticos en la realidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y ha profundizado las desigualdades económicas, sociales, de género, étnicas, etarias y territoriales. Estas desigualdades se acumulan, fortalecen e interactúan entre sí, provocando múltiples discriminaciones que se traducen en diferencias en el ejercicio de derechos, especialmente para las mujeres rurales.

Los fondos y facilidades creados por diferentes instituciones financieras están apoyando principalmente a los bancos con fondos y acceso a garantías, capacitación y donaciones a las mujeres que acceden a financiamiento. Sin embargo, ni los bancos de primer piso ni los agentes del ecosistema financiero están monitoreando y midiendo el impacto que el acceso a productos y servicios financieros tiene en la vida de las mujeres, su bienestar y el de sus familias, ni las externalidades positivas que generan en los territorios donde se desarrollan sus actividades empresariales, por ejemplo, a través de la cantidad y calidad del empleo que generan.

La inclusión financiera de las mujeres de la base de la pirámide es atendida principalmente por instituciones microfinancieras, cooperativas y otras instituciones financieras no bancarias. Estas instituciones ofrecen acceso, pero con condiciones menos favorables, especialmente, y de forma muy acusada, en el tipo de interés al que las mujeres pueden acceder al crédito para su actividad productiva. Facilitar fondos a este tipo de intermediarios financieros puede contribuir a mejorar las condiciones crediticias que reciben las mujeres en la base de la pirámide de ingresos, y reducir así la posibilidad de sobreendeudamiento.

Estas instituciones a menudo adolecen de sesgos implícitos de género y actitudes discriminatorias en las prácticas de las instituciones financieras; por ejemplo, para medir el riesgo y establecer la elegibilidad se utilizan criterios que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como el nivel de ingresos, los recursos y las garantías. Su falta de perspectiva de género hace que tampoco tengan en cuenta factores como la sobrecarga de cuidados, la maternidad en situaciones de autoempleo y, con frecuencia, su personal está condicionado por estereotipos de género en los procesos de evaluación de las solicitudes de crédito, como la falta de confianza en la capacidad de las mujeres para promover y gestionar negocios con éxito.

La persistencia de los estereotipos de género también hace que las mujeres no se perciban a sí mismas como agentes económicos capaces de tomar decisiones autónomas sobre el uso del dinero. Aunque las mujeres suelen estar poco familiarizadas y expuestas al sistema financiero formal, son las más responsables de la gestión de los recursos dentro de los hogares. Según la Encuesta Global Findex del Banco Mundial (2017), solo 3 de cada 10 mujeres en la región centroamericana tienen una cuenta bancaria. Al examinar cada uno de los países, estas cifras son aún peores, por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde solo el 24% tiene una cuenta bancaria.

Las mujeres rurales que se dedican a actividades agrícolas o agroindustriales se enfrentan a obstáculos y limitaciones adicionales: los mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza hacen que la creación de una microempresa o empresa requiera recursos obtenidos únicamente a través de préstamos, seguros contra riesgos relacionados con sequías, inundaciones, plagas o la caída de los precios de los productos básicos. Además, la oferta de productos y servicios financieros y las estrategias de mercado no están adaptadas a las diferentes necesidades de las mujeres no bancarizadas, especialmente en las zonas rurales.

Además, en este ámbito, la cantidad de trabajo no remunerado y de cuidados es mayor y más pesado que en las zonas urbanas. Y les afecta proporcionalmente más que en la zona urbana y que a sus homólogos masculinos. Son las principales cuidadoras de los niños, los ancianos y los discapacitados, también contribuyen a las actividades agrícolas y ganaderas, como ayudar en los grandes cultivos o cuidar del ganado menor para su propio consumo, recogen agua, a veces desde largas distancias, y también pueden llevar a cabo otras actividades generadoras de ingresos (pequeños negocios, procesamiento de alimentos, costura, etc.).

Las tecnologías digitales han reducido los costes de transacción y ayudan a superar las barreras geográficas y a llegar a las comunidades marginadas. Esto abre una oportunidad para reducir las brechas de género en el acceso a la financiación y los servicios financieros, en particular para las MIPYME dirigidas por mujeres. Por ejemplo, según el último Global Findex (2017), en El Salvador solo el 12,9% de las mujeres (mayores de 15 años) tiene tarjeta de débito frente al 22,1% de los hombres, y las mujeres tienen un 50% menos de acceso al crédito productivo que los hombres; en Honduras solo el 8,6% de las mujeres logra ahorrar para ampliar o iniciar un negocio, mientras que el 15. Sólo el 5,5% de las mujeres utiliza el teléfono móvil o Internet para acceder a una cuenta bancaria, mientras que en el caso de los hombres esta cifra es del 10,6%; los datos son similares en cuanto al uso de Internet para pagar facturas o hacer compras en línea en Centroamérica: sólo el 5,3% de las mujeres lo ha hecho, frente al 9,4% de los hombres.

Uno de los obstáculos para avanzar hacia la igualdad de género es la persistencia de la desigualdad socioeconómica que restringe el acceso de las mujeres a los recursos financieros, la tierra y otros activos productivos. En América Latina y el Caribe (ALC), la brecha de género en el uso de productos y servicios financieros (SF) es amplia. Según el Banco Mundial (BM)1, sólo el 49% de las mujeres tiene una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% tiene crédito. Asimismo, en algunos países de la región también existen brechas de género en capacidades financieras, pues se ha evidenciado que las mujeres tienen menos conocimientos y comportamientos financieros que los hombres (Azar et al., 2018). La región centroamericana se encuentra considerablemente rezagada con respecto al promedio de ALC en términos de inclusión financiera y representa un obstáculo aún mayor para las mujeres. En El Salvador, solo el 24% de las mujeres tiene una cuenta bancaria y en el caso de Honduras y Guatemala asciende al 42%, pero sigue estando por debajo de la media de ALC. La brecha de género en la inclusión financiera es mayor en El Salvador, donde se sitúa en el 14%, frente al 8% de Honduras y el 4% de Guatemala.

A casi dos años de su estallido, la pandemia del COVID-19 ha desencadenado la crisis económica y social más severa de la historia reciente, profundizando los nudos estructurales de la desigualdad de género y limitando la autonomía económica, física y de toma de decisiones de las mujeres. En este sentido, uno de los efectos más importantes de la crisis ha sido el aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y una salida forzada del mercado laboral que, entre 2019 y 2020, significó un retroceso de 18 años en términos de participación laboral (CEPAL, 2021) 2. El 56,9% de las mujeres en América Latina y el 54,3% en el Caribe están empleadas en sectores de mayor riesgo en términos de pérdida de empleo y caída de ingresos como el comercio, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico remunerado. Esto ha tenido un fuerte impacto negativo en sus niveles de empleo y en sus empresas, situación que a su vez está provocando un aumento de la informalidad y la pobreza (CEPAL, 2021). Otras desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres son la concentración de poder que limita, entre otras, su participación política y los patrones culturales patriarcales que han provocado un aumento en los niveles de violencia contra las mujeres (ONU 2020).

Otro de los efectos que está teniendo la pandemia del COVID-19 es su impacto negativo en las microempresas; se estima que alrededor de 2,7 millones de microempresas formales cerrarán en la región (CEPAL, 2020) por ser un segmento vulnerable, con menores márgenes de ganancia y más expuesto a la crisis. Esto también complica la situación de las mujeres con microempresas, ya que están sobrerrepresentadas en ellas y, finalmente, por su limitado acceso al financiamiento (CEPAL, 2021). Esta situación es particularmente crítica para aquellos grupos de mujeres con menores ingresos que sufren una serie de vulnerabilidades determinadas no sólo por su condición socioeconómica, sino también por otros factores que definen su identidad de manera interseccional (raza, lugar de residencia, clase social, etc.).

Esto las condena a ocupar empleos poco cualificados, a formar parte del mercado informal, a poseer negocios incipientes y precarios y a tener bajos niveles de acceso a la educación y a la tecnología. Para estas mujeres, el acceso a Servicios Financieros y No Financieros de calidad es una oportunidad de transformación no sólo para ellas, sino también para sus familias, así como una oportunidad para reactivar las economías locales. Este potencial transformador también es importante para el funcionamiento sostenible del propio sistema financiero.

En este sentido, ONU Mujeres entiende la inclusión financiera con perspectiva de género como el proceso mediante el cual se diseñan e implementan iniciativas tanto públicas como privadas para reducir las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso y uso de productos y servicios financieros para ganar autonomía financiera y manejar las crisis que impactan sus vidas y negocios. Este proceso debe permitir a las mujeres alcanzar la salud financiera (ONU Mujeres, 2021) 4. Esta concepción de la inclusión financiera con perspectiva de género y el uso de las finanzas transformadoras parte de la convicción de que, para producir cambios hacia la inclusión de las mujeres, es necesario trabajar a nivel del ecosistema.

Esta comprensión de la inclusión financiera es una herramienta importante para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, donde se promueve directamente en varias metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el ODS 1 (meta 1.4), el ODS 2 (meta 2.3) y el ODS 5 (meta 5a). 4), en el ODS 2 (meta 2.3), en el ODS 5 (meta 5a), en el ODS 8 (metas 8.3 y 8.10), en el ODS 9 (meta 9.3), en el ODS 10 (meta 10.6) e indirectamente fortalece la capacidad de avanzar en el resto de los ODS ya que potencia la generación de oportunidades. En este sentido, el Plan Estratégico de ONU Mujeres (2022-2025)5, que guía las acciones para apoyar la consecución de la Agenda 2030, donde se identifica la inclusión financiera para contribuir a mejorar el acceso de las mujeres a la seguridad de ingresos, el trabajo decente y la autonomía económica (dentro de su segunda área temática dedicada al Empoderamiento Económico).

Asimismo, en el marco del Foro de Igualdad de Generación6 (México y París, 2021), considerado el encuentro feminista mundial más importante desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, se desarrolló un ambicioso Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género7 donde se identifica la inclusión financiera como una de las barreras que limitan los derechos económicos de las mujeres (dentro de su coalición sobre Justicia y Derechos Económicos). En concreto, uno de los objetivos es reducir la brecha de género en la inclusión financiera de las mujeres y aumentar el acceso y el control sobre los productos y servicios financieros sensibles al género.

Por tanto, este programa se enmarca dentro de la alineación global sobre la necesidad de reducir las brechas de género en los sistemas financieros como una de las piezas clave para lograr el empoderamiento económico de las mujeres. Todo ello, bajo la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 y sus ODS "No dejar a nadie atrás" (NAD). En esta línea, este programa se centra en generar cambios sustanciales en el sistema financiero para incidir en las regulaciones y prácticas sociales discriminatorias que perpetúan la brecha de género en el acceso y uso de los servicios financieros. La aplicación de este principio como enfoque central del diseño y gestión del programa permite incidir en el cambio de las barreras estructurales que limitan la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades, la equidad de género y el crecimiento económico, así como construir y fortalecer la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar en temas como la adquisición de compromisos financieros, la evaluación de los riesgos asociados, el control sobre su dinero -gasto y ahorro- a través de cuentas personales, la inversión en gastos de educación y salud, el acceso al crédito productivo y a seguros que les permitan hacer crecer sus negocios.

El ecosistema financiero en los países del norte de Centroamérica muestra avances en la inclusión financiera de las mujeres. A partir de los diversos canales de colaboración que ONU Mujeres tiene con agentes relevantes del ecosistema financiero, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha avanzado en el apoyo a la inclusión financiera de las mujeres; se ha venido impulsando la agenda de inclusión financiera y la autonomía económica de las mujeres de la región para reunirse en esta propuesta con el objetivo de profundizar los logros que se han alcanzado y dar continuidad a sus acciones para responder a los nuevos retos que se presentan.

De acuerdo con el enfoque de inclusión financiera con perspectiva de género, mencionado anteriormente, y el ejercicio de las finanzas transformadoras se basa en la convicción de que, para generar cambios hacia la inclusión de las mujeres, es necesario trabajar a nivel del ecosistema. Es decir, el éxito no depende de un instrumento financiero, sino de un conjunto de acciones que conviertan este instrumento en un transformador de las dinámicas de exclusión, entendiendo éstas no sólo desde una perspectiva de género, sino también desde un enfoque de interseccionalidad. En esta línea de trabajo, ONU Mujeres con su programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELYT), financiado por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS) ha trazado una línea de acción para responder a los impactos socioeconómicos que la pandemia ha tenido en las mujeres de esta región, y contribuir a una recuperación inclusiva sin dejar a nadie atrás. Esta estrategia para el empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras, tres países que comparten la región del Trifinio, pretende mejorar las capacidades de las empresarias y emprendedoras para reorientar, fortalecer y sostener sus negocios y seguir generando medios de vida sostenibles, prevenir la migración promoviendo la igualdad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes rurales, al tiempo que se fortalece la respuesta institucional a través de la inclusión financiera y la territorialización de los programas y servicios de apoyo.

En este sentido, el programa MELYT ha logrado importantes resultados en el aumento de la inclusión financiera de las mujeres como herramienta de empoderamiento y autonomía económica, mejorando así también sus posibilidades de incidir en el desarrollo inclusivo de sus territorios. Su implementación ha permitido:

Fortalecer la cooperación entre instituciones financieras para cerrar las brechas de género en el acceso y uso de servicios y productos financieros. Para ello, se han desarrollado 3 foros de inclusión financiera, lo que ha fortalecido el diálogo y análisis con instituciones relevantes del ecosistema financiero, avanzando hacia la consolidación de alianzas dentro del ecosistema financiero para desarrollar servicios financieros innovadores e inclusivos.

Contribuir a la mejora y desarrollo de servicios y productos financieros. Específicamente, a través del Fondo de Garantía BCIE-ONU Mujeres - AICS por un monto de USD 1.000.000. Se implementó a través de su red de instituciones financieras en los países de la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para aumentar la disponibilidad de financiamiento para las mujeres empresarias. El BCIE y ONU Mujeres promovieron que el 50% del total de este fondo de garantía se destinara específicamente a MIPYME dirigidas por mujeres. Las MIPYMES seleccionadas tuvieron acceso a garantías de crédito, capital semilla no reembolsable y asistencia técnica.

Desarrollo de varios programas de educación financiera digital, capacitaciones en herramientas digitales para cooperativas y puesta en marcha de programas de fomento de la soberanía tecnológica (acceso a TIC y Fintech a través de los Centros de Atención a Mipymes (CAM)).

Reconociendo el apalancamiento que el programa MELYT ha tenido en el ecosistema financiero donde ha contribuido sustancialmente a mejorar las capacidades de acceso y uso de productos y servicios financieros de aproximadamente 2.457 mujeres y ha mejorado la oferta y creado condiciones para aumentar la demanda. Existen oportunidades para seguir avanzando en el posicionamiento de la importancia de la inclusión financiera en las instituciones nacionales y regionales y quedan temas relevantes en la agenda como el desarrollo de sistemas de gestión y evaluación de datos de oferta y demanda para que las instituciones financieras puedan diseñar propuestas de valor que den respuestas integrales a la inclusión financiera de las mujeres.

Objetivo

El objetivo principal de esta consultoría es brindar asistencia técnica para el acompañamiento de las Instituciones Financieras salvadoreñas (bancarias y no bancarias) en el marco del proyecto Ecosistema Financiero Inclusivo para la institucionalización de procesos encaminados a la inclusión financiera de las mujeres.

Los objetivos específicos son:

Apoyar técnicamente al desarrollo de la capacidad institucional para la integración de la perspectiva de género en la gestión financiera, con especial atención al fortalecimiento de las Instituciones Financieras Intermedias (IF) y las entidades que prestan servicios financieros.
Acompañar técnicamente la revisión y ajuste de los procedimientos, sistemas y prácticas institucionales, en particular en torno al seguimiento y la medición del impacto.
Impulsar y coadyuvar a las acciones de vinculación estratégica con actores del ecosistema financiero, intercambio de información, generación de proyectos innovadores y colaboración.

Los resultados esperados de la consultoría son:

Al menos 10 IFs (bancarias y no bancarias) aplican las herramientas diseñadas por la Oficina Regional en el Marco del EFI.
Al menos 5 IFs (bancarias y no bancarias) que diseñan una hoja de ruta de acción para incorporar la perspectiva de género en sus procesos institucionales.
Al menos 2 IFs emprenden un proceso de revisión de sus sistemas de información y seguimiento, así como herramientas de evaluación de impacto de la inclusión financiera de las mujeres.
Se cuenta con la ruta de fortalecimiento formalización y bancarización de los Grupos de Ahorro y Créditos Comunitarios (GACC) en la Región Trifinio de El Salvador.

Duties and Responsibilities

Alcance de los objetivos

Se espera que el/la titular lleve a cabo las responsabilidades y actividades necesarias para la entrega de los productos descritos a continuación con la finalidad del logro del el/los objetivo/s de la consultoría.

Dichas responsabilidades incluirán:

Acompañar y propiciar reuniones técnicas y estratégicas con al menos 10 IFs y entidades prestadoras de servicios financieros que evidencie los avances y acuerdos en el marco del proyecto.
Aplicación de la herramienta de análisis de las brechas en materia de inclusión financiera (proporcionada por la Sede Regional) y sistematización de resultados.
Aplicación de la herramienta de diagnóstico de la existencia de sesgos inconscientes institucionales (proporcionada por la sede regional de ONU Mujeres) y sistematización de resultados.
Acompañar técnicamente al menos a 5 IFs y entidades prestadoras de servicios financieros en el proceso de autodiagnóstico, diseño y seguimiento de una hoja de ruta ad hoc y desarrollo de planes de acción.
Diagnóstico y análisis de situación de los sistemas de monitoreo y evaluación existentes en al menos 5 IFs y entidades prestadoras de servicios financieros y elaboración de una propuesta de medición de impacto con perspectiva de género.
Diseño del sistema y planes piloto de implementación para la integración de la medición de impacto de la inclusión financiera en al menos 2 IFIs, que incluya formación y facilitación a equipo interno de gestión de datos para guiar el proceso de diseño del sistema de medición, supervisar la implementación y coordinar la gestión y el análisis de los datos.
Facilitación de jornadas de sensibilización e incorporación de la agenda de género en al menos 5 IFs y entidades prestadoras de servicios financieros: al menos 5 eventos y/o productos de conocimiento elaborados que evidencien fortalecimiento de capacidades de IF de las mujeres.
Realizar un estudio diagnóstico de los Grupos de Ahorro y Créditos Comunitarios (GACC) en la Región Trifinio de El Salvador y, a partir de ahí, diseñar su ruta de fortalecimiento, bancarización y formalización.

Entregables

Actividad

Entregable

Plazo de entrega

Aplicar las herramientas de autodiagnóstico en las IFs y elaborar un informe de situación

Producto No.1

Informe de resultados de autodiagnóstico de brechas digitales.

30 días después de la firma del contrato

Definir las hojas de ruta por IF y minutas de reuniones técnicas por cada IF

Producto No.2

Sistematización de las Hojas de ruta y planes de acción por IF

60 días después de la firma del contrato

Elaborar un diagnóstico de los sistemas de medición de impacto y una ruta de fortalecimiento por cada IF

Producto No.3

Propuesta de fortalecimiento de los sistemas de información con perspectiva de género.

90 días después de la firma del contrato

Acompañar y documentar las buenas prácticas e innovaciones para la inclusión financieras de las mujeres que se han implementado en las IFIs acompañadas

Producto No.4

Sistematización de buenas prácticas y de innovaciones para la inclusión financieras de las mujeres

120 días después de la firma del contrato

Investigar sobre el funcionamiento de los GACC de la Región Trifinio de El Salvador y elaborar una propuesta para fortalecimiento.

Producto No. 5

Diagnóstico y hoja de ruta de los GACC de la Región Trifinio de El Salvador

150 días después de la firma del contrato

Forma de pago

El pago por los servicios se realizará luego de la entrega de cada producto establecido en la tabla anterior, sujeto a satisfacción y aprobación por parte de ONU Mujeres en acuerdo con el cronograma establecido a continuación. Al tramitar el último pago debe ir acompañado de la evaluación de rendimiento de el/la consultor/a junto con el certificado de pago (COP por sus siglas en inglés) para procesar el pago final.

Pago

Producto/ Entregable

Condición de pago

1

Producto No. 1

20% del total del contrato

2

Producto No. 2

20% del total del contrato

3

Producto No. 3

20% del total del contrato

4

Producto No. 4

20% del total del contrato

5

Producto No. 5

20% del total del contrato

El contrato SSA determina la inclusión los costos (todo incluido); la Organización solo asumirá costos ligados a la realización de eventos. También es responsabilidad del consultor/a contar con seguro médico por el periodo del contrato y se recomienda que incluya cobertura médica para enfermedades relacionadas a COVID-19. La cobertura médica deberá ser internacional en los casos que el contrato requiera misiones o asignaciones internacionales.

De ser seleccionado/a para esta vacante, se requerirá presentar prueba de cobertura médica dentro de los dos primeros meses del contrato.

Supervisión y evaluación de desempeño

La consultoría será gestionada por ONU Mujeres El Salvador. La supervisión de esta consultoría será realizada por la Coordinadora Nacional del Área de Empoderamiento Económico de ONU Mujeres. El/la Consultor/a no es funcionario/a de Naciones Unidas y realizará las actividades relativas a su consultoría de manera virtual, desde su propio espacio de trabajo de acuerdo con lo acordado en el plan de trabajo, sin embargo, se espera disponibilidad de tiempo completo para su realización.

el buen desarrollo de la consultoría, la supervisora facilitará a la persona seleccionada los documentos existentes y la información de la que ONU Mujeres disponga vinculadas a los temas de la consultoría. Es responsabilidad del/la consultor/a obtener información primaria y secundaria de otras fuentes, si fuera el caso necesario.

La persona seleccionada mantendrá permanente coordinación con la supervisora para una efectiva ejecución y desarrollo de los productos solicitados en estos Términos de Referencia y proveerá información según se le solicite en el marco de los términos de referencia.

Indicadores de rendimiento

Productos/ entregables presentados en tiempo y forma según los TDRs
Calidad del trabajo
Cumplimiento de los resultados esperados
Cumplimiento de las competencias citadas (Ref. Perfil de el/la consultor/a)

Derechos Intelectuales, Patentes y Otros Derechos de Propiedad

El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por ONU Mujeres a el/la consultor/a para el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente contrato deberá permanecer con ONU Mujeres y dicho equipamiento deberá devolverse a ONU Mujeres al finalizar el presente contrato o cuando ya no sea necesario para el/la consultor/a. Dicho equipamiento, al momento de devolverlo a ONU Mujeres, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado a el/la consultor/a, sujeto al deterioro normal. El/la consultor/a será responsable de compensar a ONU Mujeres por el equipo dañado o estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.

ONU Mujeres tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derecho de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el consultor haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución de la presente consultoría, y el/la consultor/a reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación de ONU Mujeres. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad de el/la consultor/a: i) que existían previamente al desempeño del/la consultor/a de sus obligaciones en virtud del presente contrato, o ii) que el/la consultor/a pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente contrato, ONU Mujeres no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el/la consultor/a concederá a ONU Mujeres una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente contrato.

Competencies

Valores fundamentales:

Integridad profesional
Profesionalismo
Sensibilidad cultural y diversidad de valores
Respeto por la diversidad

Competencias principales:

Conciencia y sensibilidad con respecto a las cuestiones de género
Solución creativa de problemas
Comunicación efectiva
Colaboración inclusiva

Competencias funcionales:

Probada capacidad de trabajo en equipo

Required Skills and Experience

Procedimiento de selección y requisitos para aplicación

El proceso de selección se realizará a través de un proceso abierto, en el que se realiza primero una verificación formal de que las postulaciones cumplan con las pruebas documentales para ser examinadas y los requisitos mínimos establecidos para la consultoría. Luego, se realiza la evaluación técnica de las candidaturas recibidas, que serán calificadas en base a requisitos técnicos establecidos en la siguiente tabla de calificación:

Criterios de evaluación

Educación:

Licenciatura en Economía, Finanzas, Banca o afines (requisito mínimo)
Maestría en Economía, Finanzas, Estadística o tres años de experiencia adicional a la solicitada

Experiencia:

Al menos 5 años de trabajo comprobable en análisis financiero, banca y/o inclusión financiera.
Al menos 2 años de experiencia demostrable en monitoreo y/o evaluación (de impacto)
Experiencia demostrable de al menos 2 años en análisis estadístico
Experiencia en capacitación y/o facilitación de profesionales
Experiencia de trabajo con temáticas de Igualdad de Género y Empoderamiento Económico de las Mujeres, específicamente en transversalización y análisis de género.